Obligación colectiva que asume un miembro del gobierno o un funcionario público ante el pueblo. 

 En la Constitución Política del Estado la responsabilidad de los servidores públicos emerge de sus deberes y obligaciones, entre los que sobresalen los derivados de los principios de legalidad, compromiso e interés social, ética, honestidad (art. 232), rendición de cuentas, protección de los bienes del Estado (art. 235), etc. Los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado y que causen grave daño económico no prescriben y no admiten inmunidad (art. I I 2). El art. I 23 dispone que la ley no es retroactiva, excepto en materias labora.], penal y contra la corrupción.